El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Consejo General del Notariado firman un Convenio de colaboración en la prevención de delitos económicos

El 24 de junio de 2020 el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz y el director general de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Juan Duarte Cuadrado, han firmado un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Según el Convenio Europeo sobre Funciones Consulares (París, 1967), los funcionarios consulares pueden autorizar notarialmente actas y contratos de ciudadanos españoles o bienes situados en España, en países extranjeros. También capitulaciones matrimoniales en las que al menos una de las partes sea española.

Los cerca de 200 consulados deberán facilitar la información de las operaciones jurídicas y mercantiles que autoricen al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo del Notariado. Por su lado, los agentes diplomáticos y consulares pueden ejercer como notarios, autorizando ciertas operaciones notariales, para los ciudadanos españoles en el extranjero.

Martíez Sanchiz asegura que «la finalidad de este convenio es el diseño y desarrollo de procedimientos que sirvan para mejorar el sistema español de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo».

Hasta ahora, los funcionarios diplomáticos estaban obligados por la normativa a informar al SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias) de los indicios o sospechas de blanqueo que pudieran detectar en el ejercicio de su función autorizando dichas operaciones. A raíz de la firma de este convenio «los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública deberán llevar una base de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial, con información sobre la identificación de los intervinientes o representantes; el tipo e importe de la operación; la localidad y fecha de la firma o la identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones, otros valores, activos financieros…). Esta base deberá llevarse a través de una plataforma diseñada por la agencia de tecnologías del Notariado”, según afirma Duarte Cuadrado.

Los técnicos del OPC analizarán la información y la incorporarán a la información que remite al SEPBLAC o a las instituciones con las que colaboran (fiscalías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Agencia Tributaria…).

Fuente: www.notariado.org

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