El día 27 de abril de 2023 el Consejo de Ministros aprobó la nueva Ley de Vivienda en España, la primera en esta materia. Antes de su aprobación definitiva y entrada en vigor, queda cumplimentar el trámite del Senado, finalizar el trámite parlamentario y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.
El artículo 47 de la Constitución Española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, estableciendo asimismo que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Se trata, por lo tanto de un principio rector de nuestra política social y económica.
Cabe recordar que el Estado Español está configurado como un Estado Autonómico y que la propia Constitución, en su Título VIII, relativo a la Organización Territorial de Estado, reconoce la posibilidad que las Comunidades Autónomas asuman competencias, entre otras materias, en la de Ordenación del Territorio, urbanismo y vivienda. Cataluña, en uso de esta opción constitucional, asumió la competencia en materia de Vivienda tal y como dispone el artículo 137 de su Estatuto de Autonomía. Por consiguiente, la implementación de algunas de las medidas que introduce el Proyecto de Ley de Vivienda dependerán de las Comunidades Autónomas, por lo que más allá de un anuncio electoralista habrá que ver cuál es su verdadero alcance práctico.
La inclusión de las denominadas zonas tensionadas es una de las medidas más importantes que introduce este Proyecto de Ley, ya que en caso de hacerse efectivas, podría suponer en la práctica el establecer límites en los precios del alquiler en muchas áreas de gran concentración de hogares en España.
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Definición de zona tensionada de viviendas de alquiler
Se tratan de aquellas en las que se ha producido un incremento sostenido en los precios de los alquileres en los últimos años, provocando un esfuerzo financiero en los hogares, con la consecutiva pérdida de poder adquisitivo.
¿Cómo se declaran?
Las Comunidades Autónomas, dentro del marco de sus competencias, son las que pueden decidir qué parte de su territorio se considera zona tensionada, teniendo en cuenta que para su declaración deben cumplirse una de estas dos condiciones:
- La cuota media de la hipoteca o el alquiler, más los gastos y suministros, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los arrendatarios.
- Cuando el precio del alquiler o de la compra haya aumentado tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos a su declaración.
Deberá contemplarse antes de su declaración la diversidad territorial existente tanto en entornos urbanos o metropolitanos como en zonas rurales.
Vigencia
La duración de la declaración de un ámbito territorial como zona tensionada será de tres años, pudiendo prorrogarse anualmente.
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