El valor de referencia es el determinado por la Dirección General del Catastro como resultado del análisis de los precios de todas las compraventas de inmuebles que se realizan ante fedatario público, en función de los datos de cada inmueble, obrantes en el Catastro Inmobiliario. La posibilidad de imposición de sanciones en el régimen anterior como consecuencia de la comprobación de valores era inexistente, dada la propia indeterminación ontológica del valor real. Pero, en los casos del valor de referencia es distinto: estamos ante una cuestión de base imponible, por lo que, al menos en teoría, sí que puede ser constitutivo de infracción tributaria pues de acuerdo al art. 191.1 de la Ley General Tributaria (LGT): «Constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda tributaria que debiera resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo al artículo 27 o proceda la aplicación del párrafo b) del apartado 1 del artículo 161, ambos de esta ley»
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¿Se puede combatir el valor de referencia?
Sí, además de por la vía colectiva de su configuración, los nuevos artículos 10.3 del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (TRITPAJD) y 9.4 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones (LISD) permiten: (I) Su impugnación cuando se recurra la liquidación que en su caso realice la Administración Tributaria. (II) Con ocasión de la solicitud de rectificación de la autoliquidación, conforme a los procedimientos regulados en la LGT. En ambos casos, aunque por vía de impugnación sólo en el supuesto de interposición del recurso potestativo de reposición, disponen al unísono la nueva normativa en ITP y AJD e ISD que: «La Administración Tributaria resolverá previo informe preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija el citado valor, a la vista de la documentación aportada». Por supuesto, en todo caso, agotada la vía administrativa, queda abierta la contencioso-administrativa.
¿Qué ocurre con los medios de comprobación de valores? ¿Y con la tasación pericial contradictoria?
El art. 57 de la LGT (comprobación de valores) no se ha tocado, siguen vigentes, lo que sucede es que su aplicación será residual, limitada a supuestos muy reducidos: .- Casos en el valor declarado sea inferior al valor de referencia y la administración no aplique el valor de referencia, a lo que parece está obligada por ser la base imponible. .- Casos en que no haya valor de referencia. Y, parece inexorable entender que la tasación pericial contradictoria queda acotada a combatir los valores resultantes de la comprobación de valores «estricto sensu», no siendo idónea para enervar los valores de referencia.
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